El incremento del 2,5% se desglosa en una subida fija del 2%, acordada previamente, y una mejora adicional del 0,5% dependiente de la inflación. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) de 2022 fue del 5,5%, mientras que en 2023 terminó en el 3,3%, acumulando un total del 8,8%. Este valor supera el límite establecido para aplicar la subida adicional del 0,5%, justificando así el incremento total del 2,5%.

Este aumento salarial permitirá a los funcionarios recuperar los retrasos acumulados desde el inicio del año y, sumado a los incrementos de los años anteriores, habrá supuesto un aumento total de casi el 10% en los últimos tres años. El Ejecutivo había previsto inicialmente incluir este incremento en el decreto anticrisis de abril, pero el adelanto electoral en Cataluña y los resultados de esas elecciones alteraron las previsiones, retrasando la aprobación hasta ahora.

Los sindicatos han valorado positivamente esta medida, aunque destacan que llega con retraso. "Aunque tarde, se da un paso más en el cumplimiento del Acuerdo", subrayan CCOO y UGT.

En paralelo, el Gobierno también ha propuesto una oferta de empleo público que superará por primera vez las 40.000 plazas de funcionario. De estas, 16.700 plazas serán para el turno libre en la Administración del Estado, 10.600 para promoción interna y casi 8.700 para Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, CSIF y CCOO han rechazado esta oferta, considerándola insuficiente y criticando la falta de eliminación de la tasa de reposición, una promesa del ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, que se pospondrá hasta el próximo año.