Según el nuevo borrador remitido a los agentes sociales, los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias por encima del límite legal. Yolanda Díaz subrayó la importancia de esta medida durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, señalando que en España se realizan seis millones y medio de horas extra a la semana, de las cuales la mitad no se pagan. "Las horas extra sin retribuir en nuestro país no van a volver a ver la luz por injusticia", declaró Díaz.

Desde 2019, las empresas están obligadas a registrar las horas trabajadas por sus empleados, una normativa que ahora se pretende reforzar con la eliminación del registro en papel y la implementación de un sistema digitalizado para evitar manipulaciones. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, destacó que este cambio es crucial para garantizar la integridad de los registros y prevenir fraudes.

No obstante, esta firme postura del Gobierno contrasta con la situación de los militares españoles. A pesar de sus largas y a menudo impredecibles jornadas laborales, no se les contabilizan ni se les remuneran las horas extraordinarias. Esta discrepancia ha generado críticas y pone en cuestión la coherencia del Gobierno en su gestión del trabajo y las horas extra.

Las nuevas medidas propuestas incluyen sanciones severas para las empresas que no cumplan con las obligaciones de registro de jornada, con multas que pueden alcanzar hasta los 10.000 euros por trabajador. Sin embargo, no se ha anunciado ninguna reforma similar para abordar las horas extra no contabilizadas y no remuneradas en las Fuerzas Armadas, lo que resalta una aparente doble moral en la política laboral del Gobierno.

La falta de reconocimiento y pago de las horas extra de los militares plantea preguntas sobre la equidad y justicia dentro del sistema laboral español, especialmente cuando el propio Gobierno aboga por un control y remuneración estrictos de las horas extra en otros sectores.