Agotada la vía de la reclamación previa, que recibió respuesta del Ministerio de Defensa, la asociación ha presentado un recurso que se transformará en demanda ante la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo en la Audiencia Nacional. Este órgano judicial es el encargado de asumir los procesos contra el Poder Ejecutivo. En el recurso se solicita, entre otras diligencias, la declaración de la ministra Robles para que aclare la situación en el recinto militar de la Armada, donde los demandantes consideran que no se está aplicando la legalidad vigente.

La Asociación por la Memoria Militar Democrática alega que es el propio poder ejecutivo, en este caso el Ministerio de Defensa, quien no cumple con la Ley de Memoria Democrática que ellos mismos han aprobado y que exigen cumplir al resto de administraciones públicas. Según la asociación, mantener los restos de los tres almirantes responsables de la masacre de civiles durante la denominada "La Desbandá" en el Panteón de Marinos Ilustres incumple dicha ley.

La Desbandá fue un trágico episodio de la Guerra Civil Española, donde miles de ciudadanos desarmados huyeron de Málaga hacia Almería ante el avance de las tropas franquistas. Las familias que intentaban escapar de una muerte segura la encontraron bajo el fuego graneado de tres buques de guerra que bombardearon la costa este de Málaga. Los almirantes responsables de esta masacre, cuyos restos siguen inhumados en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, son recordados por sus actos atroces durante este periodo.

La Ley de Memoria Democrática tiene como objetivo reconocer y ampliar los derechos de quienes sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, y establecer medidas para la recuperación de su memoria. El incumplimiento de esta ley en la base naval de San Fernando ha generado controversia y ha llevado a la Asociación por la Memoria Militar Democrática a tomar medidas legales.

La solicitud de declaración de Margarita Robles busca aclarar por qué no se ha cumplido con la ley en este caso específico y responsabilizar al Ministerio de Defensa por su aparente inacción. Este caso pone de manifiesto la importancia de cumplir con las leyes de memoria histórica y la necesidad de que todas las instituciones públicas actúen de manera coherente con los principios de justicia y reparación que estas leyes promueven.