El contexto de esta comparecencia remonta a mayo de 2022, cuando el Gobierno anunció que los teléfonos móviles del presidente Pedro Sánchez y de la ministra Robles habían sido intervenidos en 2021 por escuchas "ilícitas y externas" realizadas con Pegasus. Esta información fue revelada a través de dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, entidad adscrita al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Posteriormente, se descubrió que los teléfonos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, también fueron infectados. Planas había desempeñado el rol de embajador en Marruecos.

Actualmente, el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional está llevando a cabo diligencias previas a raíz de una denuncia presentada por el Gobierno debido a estas infecciones.

Información privada y seguridad nacional

La pregunta en la sesión de control responde a la declaración de Robles en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional de Las Cortes el pasado 20 de mayo. Durante esta comparecencia, la ministra afirmó que "no hay constancia alguna conocida de que los dispositivos móviles infectados contuvieran información clasificada legalmente como 'secreta' o 'reservada'". Sin embargo, reconoció que sí pudo haberse comprometido "la intimidad y datos personales de los titulares de aquellos móviles", lo que llevó al Gobierno a presentar una denuncia por "hechos perseguidos penalmente".

Robles subrayó la importancia de la privacidad y la protección de los datos personales, destacando que este aspecto fue el principal motivo para la acción legal del Gobierno. Este enfoque en la privacidad resalta una dimensión crucial de la seguridad en el ámbito gubernamental, donde la protección de datos personales es esencial para mantener la confianza y la integridad de las instituciones.

Investigación en curso

Finalmente, la ministra recordó que a finales de abril, el Juzgado Central número 4, en respuesta a una solicitud de colaboración judicial por parte de autoridades francesas, pidió al Centro Criptológico Nacional un informe técnico. Este informe tenía como objetivo determinar si las cuestiones técnicas planteadas por los servicios franceses podrían coincidir con las infecciones detectadas en los dispositivos del Gobierno español, sugiriendo la posibilidad de un autor común.

La comparecencia de Robles en el Senado será un momento clave para aclarar las implicaciones de esta brecha de seguridad y para evaluar las medidas que se están tomando para prevenir futuros incidentes. El Partido Popular, representado por Monago, buscará respuestas claras sobre la percepción de la ministra respecto a la seguridad nacional y la protección de datos en el ámbito gubernamental.

Esta sesión de control promete ser un punto de inflexión en el debate sobre la seguridad cibernética y la protección de datos en España, subrayando la necesidad de medidas robustas para salvaguardar la información en una era de crecientes amenazas digitales.