Desde 2001, España cuenta con un Ejército profesional, una decisión que suspendió el Servicio Militar Obligatorio, conocido popularmente como la mili, durante el Gobierno de José María Aznar. Actualmente, las Fuerzas Armadas españolas están compuestas por aproximadamente 120.000 efectivos. Sin embargo, ante una situación de crisis que supere las capacidades de estos militares profesionales, la ley establece un mecanismo de reclutamiento para garantizar la seguridad del país.

El artículo 30 de la Constitución española es contundente al respecto: "Los españoles tienen el derecho y deber de defender a España". Este mandato constitucional se refleja en la ley de la carrera militar, que contempla tres tipos de reservistas: los de especial disponibilidad, los voluntarios y los obligatorios.

En primer lugar, el Consejo de Ministros podría llamar a filas a los reservistas voluntarios y los de especial disponibilidad. Este grupo incluye a militares que dejaron el Ejército al cumplir los 45 años y a civiles que han solicitado adscribirse a las Fuerzas Armadas. En total, se estima que cerca de 8.000 personas forman parte de este contingente.

Si estos efectivos no fueran suficientes, el Gobierno tendría que solicitar la autorización del Congreso para convocar a los reservistas obligatorios. Este grupo estaría compuesto por civiles sin ninguna vinculación previa con las Fuerzas Armadas, afectando a quienes estén entre los 19 y los 25 años. La ley contempla la objeción de conciencia para aquellos que deseen evitar prestar servicio en organizaciones armadas.

El contexto económico y político actual también juega un papel crucial en este escenario. El gasto militar en España ha incrementado exponencialmente, y el presupuesto de Defensa se encamina hacia el 2% del PIB, reflejando una mayor inversión en capacidades defensivas.

En resumen, si España entrara en guerra y los efectivos profesionales no fueran suficientes, el proceso de reclutamiento empezaría con los reservistas voluntarios y de especial disponibilidad. Solo si estas reservas resultaran insuficientes, se recurriría a los civiles jóvenes, siguiendo un proceso previsto en las leyes y constitucionalmente respaldado. La defensa nacional es un deber que recae sobre todos los ciudadanos, reflejando un compromiso compartido con la seguridad y soberanía del país.