Muchos jefes de unidad, siguiendo directrices que priorizan una mal entendida disponibilidad sobre los derechos individuales, emiten informes negativos a sus subordinados, impidiéndoles realizar cursos de reincorporación laboral. Esta práctica es una clara estrategia para no perder efectivos en las unidades, pero a costa del futuro de los militares. El Ministerio de Defensa perpetúa un modelo de tropa temporal, considerado "saludable" por algunos políticos que parecen vivir en una ensoñación nostálgica de la "mili" tradicional, sin reconocer la importancia crítica de la experiencia y la estabilidad en roles técnicos y logísticos.

Esta visión arcaica y deshumanizante ignora que, en los ejércitos modernos, un gran porcentaje de los militares realizan tareas esenciales de mantenimiento y seguridad, tanto en bases como en operaciones. El modelo de temporalidad, lejos de ser beneficioso, es perverso: empuja a estos soldados a un callejón sin salida, enfrentándose al desempleo de larga duración al finalizar su compromiso. Y aunque el Ministerio de Defensa ofrece cursos de reincorporación laboral, estos dependen de la aprobación de los jefes de unidad, quienes a menudo priorizan sus intereses sobre los derechos de sus subordinados.

El agravio comparativo entre la tropa y los cuadros de mando es evidente y escandaloso. Mientras que los oficiales y suboficiales cuentan con promociones y cursos reglados, los soldados deben pelear por su futuro fuera de las Fuerzas Armadas, con la incertidumbre de depender de informes favorables que rara vez llegan.

A esto se suma la creciente externalización de servicios a empresas privadas, una medida que no solo desplaza a personal militar capacitado, sino que también ignora la posibilidad de integrar a reservistas y militares temporales. El Ministerio de Defensa, con esta política, demuestra una falta de compromiso con sus propios efectivos, dejando en manos de terceros tareas que perfectamente podrían ser desempeñadas por militares con más de 45 años.

La única solución viable es la aprobación de una Ley Única de Carrera Militar que elimine la temporalidad y establezca mecanismos reales para la desvinculación voluntaria del personal de todas las escalas, con una promoción real y justa basada en la especialización. Esta ley, junto con una actualización real de las retribuciones, es esencial para reducir el preocupantes descenso de efectivos y la no renovación de compromisos, evitando así el aumento de excedencias voluntarias y garantizando unidades plenamente operativas.

Es hora de que el Ministerio de Defensa asuma su responsabilidad y rectifique estas políticas injustas y perjudiciales, priorizando los derechos y el futuro de sus militares sobre cualquier otra consideración.