Las críticas se centran en la percepción de que las asociaciones profesionales, que deberían velar por los derechos de los militares, se han convertido en entidades "vendidas" al estar financiadas por el mismo Ministerio de Defensa. Esta situación genera dudas sobre su capacidad para representar de forma independiente los intereses del personal militar.

La controversia se ve agravada por la falta de avances significativos en el COPERFAS. A pesar de las promesas y las reuniones, los militares continúan enfrentando serias dificultades. Los sueldos de los miembros de las Fuerzas Armadas son considerados insuficientes, y la situación de la tropa y marinería es particularmente precaria. Muchos de estos soldados tienen contratos temporales y son despedidos al cumplir los 45 años, lo que les deja en una situación vulnerable.

A pesar de estas circunstancias, las asociaciones militares no han abandonado el COPERFAS, lo que algunos interpretan como una señal de conformidad con la situación actual a cambio de las subvenciones recibidas. La percepción general entre los militares es que estas asociaciones no están logrando mejoras significativas en sus condiciones laborales, lo que intensifica la sensación de descontento y desconfianza hacia ellas.

La resolución de la Subsecretaría de Defensa ha puesto de relieve un conflicto latente dentro de las Fuerzas Armadas, donde la falta de resultados tangibles en la mejora de las condiciones de trabajo contrasta con el apoyo financiero recibido por las asociaciones que supuestamente deberían defender sus derechos.