El fundamento de esta crítica se encuentra en varias normativas vigentes que protegen los derechos de los militares. La Ley 39/2007 de la carrera militar establece criterios objetivos para la evaluación del desempeño, los cuales no deben estar relacionados con las bajas médicas o las solicitudes de permisos. Además, la Orden DEF/253/2015 regula el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias, protegiendo a los militares que necesitan flexibilidad horaria o reducción de jornada por responsabilidades familiares o enfermedades graves. Esta normativa garantiza que tales circunstancias no perjudiquen su carrera profesional ni su evaluación.

Criticar al Ministerio de Defensa por permitir estas prácticas es obligatorio. Penalizar a los militares por utilizar sus derechos a la salud y la conciliación es no solo injusto, sino que contraviene el espíritu de protección y bienestar que las leyes buscan garantizar. La Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales también asegura el derecho a la protección de la salud de los trabajadores, incluyendo a los militares.

Es crucial que el Ministerio de Defensa rectifique esta situación de inmediato. Debe garantizar que la evaluación del desempeño de sus miembros sea justa y conforme a la ley, y no una herramienta de represión que castiga a quienes hacen uso legítimo de sus derechos. Los militares merecen un trato justo y respetuoso de sus derechos laborales y humanos.