Las patrullas militares desempeñarán labores de vigilancia y disuasión en áreas forestales, en un esfuerzo por prevenir incendios en los montes gallegos. Las zonas prioritarias incluyen concellos en las provincias de A Coruña, Pontevedra, Ourense y Lugo. Además, se contemplan equipos de mantenimiento móvil y vehículos aéreos no tripulados para aumentar la efectividad de la operación.

No obstante, esta movilización ha generado controversia. Diversas voces dentro y fuera del ámbito militar han señalado que el despliegue de tropas para estas tareas refleja un uso inadecuado de los recursos humanos del Ejército. Se argumenta que los militares están siendo utilizados como una solución económica para problemas que deberían ser abordados con personal especializado y adecuadamente remunerado.

Las críticas también se centran en la falta de atención a las demandas salariales de los militares. A pesar de las repetidas solicitudes de aumentos salariales y mejoras en sus condiciones de trabajo, la ministra de Defensa no ha mostrado disposición para negociar. Esta situación ha llevado a un creciente descontento entre los miembros de las Fuerzas Armadas, que ven cómo se les asignan responsabilidades adicionales sin el reconocimiento y la compensación correspondientes.

La Operación Centinela Gallego pone de manifiesto una problemática recurrente: la tendencia a emplear a los militares en roles que no les corresponden, sin considerar adecuadamente sus derechos y necesidades. Mientras la vigilancia de los montes gallegos es crucial para prevenir incendios, es fundamental que se respeten las condiciones laborales de quienes están en primera línea. La atención a sus reivindicaciones debe ser una prioridad para garantizar un trato justo y equitativo para los miembros de las Fuerzas Armadas.